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Préstamos de Estudio, Quiebra y Educación Superior

Publicado 01/04/13
Por JL Acevedo Colón

El Banco de la Reserva Federal estima en unos 870 billones de dólares la deuda de los préstamos de estudio para los primeros meses del año 2012 sobrepasando la deuda de tarjetas de crédito y préstamos de auto. 17% de esta deuda es de personas de 50 años o más. El ritmo de aumento pronto elevará este tipo de deuda a un trillón de dólares.

Tradicionalmente una mejor educación aumenta las oportunidades de trabajo e ingreso. Pero la recesión económica no ha permitido que muchísimas personas alcancen un nivel de vida, conforme su preparación académica, que justifique el costo de obtenerla. El costo de la educación superior ha estado aumentando. La recesión de los últimos años ha exacerbado aún más el problema debido a la escasez de empleos bien remunerados. Estos préstamos difícilmente pueden ser relevados en quiebra desde hace ya muchos años. Un deudor delincuente de un préstamo de estudio puede ser objeto de embargo de salarios en cualquier momento luego de un procedimiento de quiebra.

Tradicionalmente hemos recomendado a personas que interesan orientación sobre quiebra, que están en delincuencia en sus préstamos de estudio, utilizar el capítulo 7 para descargar toda la deuda personal descargable y, considerar en el futuro, si es necesario, un capítulo 13 o plan de pago en quiebra. En ambos casos tendrá que cualificar conforme los criterios de la ley de quiebra y se debe consultar un abogado. El capítulo 13 permite un plan de pago de cinco años conforme a su capacidad de pago. Si el capítulo 7 lo relevó de sus otras deudas personales, el plan de pago sería para pagar préstamos de estudio que no se relevaron en su caso bajo capítulo 7 anterior, sin tener que prorratear pagos con otros acreedores. Pero además lo protege contra embargo de propiedad y salarios por esos cinco años. Incluso otro plan de pago de cinco años, luego de los cinco años, es posible bajo el estado actual de la ley de quiebra. Un deudor puede estar protegido en quiebra indefinidamente pagando según su capacidad de pago.

En muchos años como abogado de quiebra observo un aumento significativo en préstamos de estudio entre profesionales o personas con educación superior. La ayuda que reciben en quiebra no necesariamente les permite un nuevo comienzo. La nueva agencia federal conocida como Negociado de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau - “CPFB”) informa que no es lo mismo los préstamos educativos que se obtienen de la banca privada que los que tradicionalmente se obtienen de préstamos de estudio federal (“direct loans”) . Los préstamos de la banca privada contienen intereses variables, y menos oportunidades de trabajar un arreglo en caso de morosidad. Unos 150 billones de dólares, del total de la deuda de prestamos de estudio, ya se originan en la banca privada que, de un tiempo a esta parte, han logrado concesiones en la legislación y han sido muy agresivos con la concesión de crédito a los estudiantes. Los cobradores de estos préstamos de la banca privada le pueden crear mucha dificultad, no proveen información adecuada, ofrecen planes de pago que no se pueden pagar, embargo de salarios y cuentas de banco son más frecuentes, el historial de crédito se afecta haciendo mucho más difícil refinanciar el préstamo, u obtener préstamo para la compra de un hogar o iniciar un negocio. Los préstamos directos del gobierno federal tienen intereses más bajos, se pueden obtener mejores concesiones cuando hay problema de pagos.

Al referirnos al aumento en los costos de la educación superior debemos observar la interesante historia que nos relata un editorial del New York Times el 20 de marzo de 2013. La Universidad de Nueva York (NYU) le ha retirado la confianza a su presidente John Sexton. Mr. Sexton tiene un ingreso anual de $1.4 millones, con derecho a recibir $2.5 millones en 2015 y, una pensión anual de $800,000. A este ritmo, y con la entrada de la banca privada a la competencia por los préstamos de estudio, no debe extrañar el alza ocurrida en la deuda de educación. Este escándalo tiene también como figura central al nuevo Secretario del Tesoro Federal Jacob J. Lew, quien trabajó para NYU hace más de diez años con un salario que eventualmente aumentó a $900,000 anuales.

En estos momentos se está discutiendo como atajar el problema de la deuda de los préstamos de estudio por la Cámara y el Senado federal. Quizás la solución pueda ser permitir el relevo de la deuda en quiebra como cualquier otra deuda, o permitirlo con condiciones. Pero definitivamente el aumento de los costos de la educación superior y la deuda acumulada ya se ha señalado como una bomba de tiempo. Esto nos trae a considerar si debemos dejar la educación superior, aquí en Puerto Rico, en manos privadas, como se pretendía hacer en la administración pública anterior, como parte de una agenda neo liberal económica. Una educación superior privada es, o puede ser, un negocio lucrativo como cualquier otro.