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Mirada a la educación financiera en quiebra

Publicado 01/02/10
Por JL Acevedo Colón

La nueva ley de quiebra del año 2005, conocida como la reforma o ‘Ley de prevención de abuso de quiebra y protección al consumidor’, dispuso entre muchos otros nuevos requisitos que un deudor no puede radicar un caso de quiebra sin obtener previamente una orientación sobre crédito. Tampoco puede un deudor concluir su caso con un relevo de quiebra ‘discharge’ sin una orientación sobre educación financiera.

Muchas agencias, con o sin fines de lucro, ya estaban en el negocio de consejería sobre crédito antes de esta ley. Por medio de estas agencias es probable que el consumidor obtenga algún beneficio de un plan de pago. La agencia sirve de intermediario entre el consumidor y sus acreedores. Tradicionalmente se utiliza la consigna que esta agencia de consejería sobre crédito (‘credit counseling’) puede evitar la quiebra de un consumidor. Algunas de estas agencias logran poco o nada de beneficio al consumidor en problemas. El ‘plan de pago’ que en ocasiones preparan para el consumidor puede dejar fuera acreedores que no están dispuestos a negociar su deuda con la agencia contratada por el consumidor. Algunas de estas agencias han incurrido en conducta delictiva. La reforma de la ley de quiebra intentó corregir esta situación tratando de integrar esta industria de consejería al procedimiento de quiebra.

La reforma de la ley de quiebra también intentó corregir un problema de falta de educación financiera generalizado entre toda la población norteamericana. Tradicionalmente la educación financiera es transmitida a los hijos en los hogares de más afluencia económica tanto por sus padres como por instituciones privadas educativas a las que solo tienen acceso un escaso sector de la población juvenil. Pero para la población estudiantil general la educación financiera ha sido hasta ahora una responsabilidad del hogar o ha estado casi ausente de los sistemas educativos prevalecientes. Ni los padres, ni los maestros han sido entrenados o preparados para ofrecer educación financiera.

El programa de síndicos adscrito al Departamento de Justicia federal es el encargado de autorizar y supervisar las agencias autorizadas a proveer el servicio de orientación a personas que tienen la intención de acogerse a los beneficios de la ley de quiebra. La agencia que escoge el consumidor expide un certificado que autoriza la radicación de quiebra, y luego de radicado el caso, otro certificado para que pueda obtener el correspondiente relevo al concluir su caso de quiebra. Conlleva un cargo de unos $50. aproximadamente cada certificado.

Muchos negocios se establecieron luego de la reforma para brindar estos servicios y certificados. Si se radican más de un millón de casos al año puede estimarse que es una nueva industria de unos cien millones de dólares anuales. La orientación puede ser personal, por teléfono, o por internet. Hay ofertas constantes a los deudores en quiebra y sus abogados con descuentos en los costos para obtener los certificados. En la práctica se convierte en un obstáculo mas para el deudor poder tener acceso al procedimiento de quiebra.

Parte del propósito de la reforma era propiciar que los casos de quiebra no llegaran a los tribunales mediante la intervención previa de una agencia de consejería de crédito (‘credit counseling’). Si la agencia lograba hacer un plan de pago al deudor podía obtener el pago de comisiones del deudor y de sus acreedores. Es como ha operado esta industria desde antes de la reforma. En la práctica actuaban como agencias de cobro pero, con la diferencia que era el consumidor o deudor quien iba a la agencia, y no la agencia de cobro al consumidor.

La reforma de quiebra estuvo basada en una gran mentira: un supuesto abuso de la ley de quiebra por parte del consumidor. De ahí el título de la ley de la reforma “Ley de prevención de abuso de quiebra y protección al consumidor’. Las agencias de consejería de crédito no han logrado frenar la radicación de casos de quiebra. Según un informe de la oficina de contabilidad general del congreso (“GAO”) el requisito de consejería no está claro que esté cumpliendo el propósito por el cual fue establecido. Tan solo un 2%-3% de los deudores que acuden a consejería pueden contemplar un plan de pago fuera de la corte de quiebra. La ley de quiebra le brinda una protección y le provee unos beneficios al consumidor que no puede proveer un plan de pago creado al margen de esta ley.

En ocasiones, personas que acuden a una consejería sobre crédito necesaria para someter un caso de quiebra tienen una educación y experiencia superior al recurso humano del que dispone la agencia.

Sugerimos la eliminación de la primera consulta pre quiebra y repensar mejor una consulta antes del relevo que puede incluir entrevistas individuales, uso de videos, teatro, y/o charlas en grupo que puede integrar los recursos mismos de las salas de los tribunales de quiebra, tomando en consideración las experiencias de trabajo y educativas de las deudores, sin descartar que también éstos pueden aportar recurso humano.

No hay que poner tanto énfasis en la orientación pre quiebra. La experiencia de estos años de la reforma nos pone en condiciones de estimar que su productividad es muy pobre. El problema de educación financiera se debe resolver desarrollando más las iniciativas que han estado haciendo algunas entidades como JumpStart Coalition, entre otras, dentro del sistema público de educación. No lo podemos intentar resolver cuando ya el consumidor está en quiebra. A la altura de 2009 treinta estados no requieren educación financiera, en otros 17 estados solo como parte del currículo de otra clase. El contenido de esa educación financiera es muy distinta entre unas jurisdicciones y otras.