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Limitar el derecho adquirido a la fianza: NO

Publicado 30/06/12
Por JL Acevedo Colón

Puerto Rico tendrá este próximo 19 de agosto una consulta para limitar el derecho constitucional a la fianza que contiene la constitución de Puerto Rico de 1952. Como parte de su carta de derechos, Artículo II, sección 11, dice la constitución " Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio." Ya en el año 1994 el pueblo de Puerto Rico se expresó en contra de esta limitación. Desafortunadamente la ola criminal que padece el país permite y facilita este tipo de propuestas que, en el fondo, a tres meses antes de las elecciones generales, no es más que una estrategia de campaña política. A esa campaña política también se ha unido parte del liderato de la oposición.

Si por cada crimen cometido se puede establecer y fijar responsabilidad al delincuente que lo comete no estaríamos hablando de la limitación del derecho a la fianza. La propuesta está dirigida a crear la sensación de que se está creando un arma novedosa para combatir la ola criminal. ¿En qué consiste la propuesta? Se trata de otorgar discreción a los jueces en el procedimiento criminal para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinatos cometidos en medio de un robo en el hogar, en el curso de una agresión sexual o secuestro, los acusados de asesinato cometidos al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima de asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber. Es la Ley #84 de 2012.

No es de extrañar que el país sienta una inclinación a favorecer esta limitación al derecho a la fianza en medio de la ola criminal. Pero el país debe distinguir que no se trata de frenar la ola criminal sino de crear la sensación de que se está haciendo algo frente a la ola criminal tres meses antes de las elecciones generales. Muchísimos crímenes se quedan sin esclarecer y fijar responsabilidades. No hay la infraestructura necesaria para esclarecerlos, no asignamos más recursos a la investigación utilizando las herramientas más adelantadas en tecnología, más y mejores laboratorios dedicados a la justicia criminal, despolitización de la oficialidad, mejor educación y profesionalización de los agentes. Los recursos del país se utilizan para más y más policías, sin los equipos necesarios y entrenamiento. Ni hablar de la incapacidad administrativa y de una infraestructura social que nos coloca en tránsito de droga al mercado de Estados Unidos, una educación pública mediocre, desempleo y pobre remuneración por el trabajo.

La fianza es una cantidad de dinero que se deposita a cambio de la libertad de una persona mientras está pendiente su juicio o sentencia firme. Se obtiene luego de evaluación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y la determinación de un juez de que hay causa probable para arresto. Su propósito es garantizar la comparecencia del imputado ante un juez y su obediencia a sus órdenes, citaciones y procedimientos judiciales. La fianza también facilita la preparación de la defensa sin impedimentos, evita infligir castigo antes de una convicción cuando se demuestra culpabilidad, reduce la utilización de recursos económicos del Estado, nos protege de un ejercicio excesivo de su autoridad, mitiga los efectos de la desigualdad económica, y promueve la presunción de inocencia pues evita que se detenga innecesariamente a una persona que se presume inocente.

Los electores que apoyen la limitación de un derecho adquirido deben saber que nada cambiará, excepto que, como ocurre generalmente, los sectores más pobres de nuestra gente, que no tienen los recursos para su mejor defensa en corte, estarán sujetos a permanecer tras las rejas de la cárcel sin que necesariamente haya un fallo condenatorio que luego puede resultar favorable. No necesariamente podrán disponer de la libertad necesaria para cooperar con su defensa. Lo más probable es que los fiscales, como es uso y costumbre, someterán acusación por asesinato aún cuando es muy probable que se trate, si acaso, de otro delito menor comprendido, donde hay envuelta una muerte violenta, pero no un asesinato como tal como puede ser el caso de un altercado sin que medie deliberación o premeditación, accidente, defensa propia, error de identificación, etc.

La legislación aprobada tampoco se fundamenta en una base de datos que demuestre que la ola criminal va a ser afectada favorablemente al renunciar al derecho adquirido. ¿Cuantos acusados de asesinato, en libertad bajo fianza, han asesinado estando pendiente un fallo condenatorio? Por que no extender la limitación del derecho a la fianza a otros delitos de naturaleza violenta y solo asesinatos, bajo esta lógica? Solo podemos especular, pero ciertamente es más fácil vender la idea poco a poco. Luego nos podrían proponer que renunciemos al derecho a la fianza en cualquier otro delito, o que renunciemos al derecho a la no interceptación de llamadas telefónicas, o a la aceptación de la pena de muerte.

Los jueces en Puerto Rico disponen de herramientas que toman en consideración al momento de determinar una fianza como son la peligrosidad y posibilidad de incomparecencia del acusado. Las reglas actuales, revisadas hace apenas dos años, han funcionado bien, y disponen que, en casos de asesinato y otros, es obligatorio el uso de un grillete electrónico, el pago de la fianza no tiene beneficio reducido de 10% en efectivo, hay supervisión de OSAJ e impone que el imputado no puede tener contacto con testigos potenciales, no puede cometer delito durante el periodo de librtad bajo fianza, no puede poseer armas y no puede consumir drogas o bebidas alcohólicas.

Desde este portal de quiebras.com hacemos un llamado a votar NO a la limitación al derecho de fianza este próximo 19 de agosto.