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Es tiempo de revisar la protección contra embargos y ejecución de sentencias

Publicado 21/10/13
Por JL Acevedo Colón

La difícil situación económica que viven muchísimas familias ha fomentado la expansión de la industria de compra y venta de crédito que ocurre cuando una cuenta por cobrar es vendida a una tercera entidad. La transferencia se realiza mediante un descuento del principal de la deuda. En inglés se le conoce como "debt buyer industry". La entidad original a quien usted le debía deja de ser su acreedor. En Puerto Rico podemos decir que una entidad líder en compra de crédito es Operating Partners. Estas entidades que compran estos créditos suelen ser muy agresivas en sus prácticas de cobro. La expansión de la industria de compra de crédito coloca al consumidor en una posición cada día más vulnerable para enfrentar un embargo de salario o embargo de propiedad para el pago de deudas, según un informe reciente publicado por el Centro Nacional Legal Pro Consumidor (National Consumer Law Center - NCLC) publicado recientemente.

El informe puede obtenerse en www.NCLC.org, "No Fresh Start, How States Let Debt Collectors Push Families Into Poverty". Es un análisis comparado de las distintas leyes que protegen propiedad esencial del consumidor en los 50 estados federales, el Distrito de Columbia y los territorios de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Se concluye que ninguna de estas jurisdicciones proveen leyes que permitan al consumidor continuar su vida productiva para sostenerse y sostener sus familias. Gran parte de la legislación existente es anticuada. Es común encontrar protección a vacas, cabras, abejas, máquinas de coser, semillas, etc., pero ausente la protección de un vehículo de motor, un salario, o una cuenta de cheque.

Según el referido informe de NCLC, unas 90 millones de cuentas de consumidores, con un valor estimado de 143 billones de dólares, han sido adquiridas por nueve de las principales entidades compradoras de crédito, citando datos de la Comisión Federal de Cambio (Federal Trade Commission FCC). De estas cuentas solo un millón fueron impugnadas por los consumidores y tan solo la mitad de éstas habían sido verificadas como correctas al ser adquiridas por las nueve entidades. La cantidad de querellas de consumidores ante la FCC ha aumentado considerablemente y también los litigios en corte. El informe del NCLC llama la atención de la necesidad que existe de actualizar la protección de la propiedad de los consumidores y sugiere legislación dirigida a:

      1. Proteger la habilidad del deudor de trabajar, protegiendo su auto de trabajo, herramientas y equipo de trabajo y dinero para sus gastos diarios.

      2. Proteger su vivienda familiar, mobiliario y medios de transporte.

      3. Proteger su salario que permita cubrir sus necesidades básicas, su seguridad y un nivel decente de vida en la comunidad. 

      4. Proteger una cantidad razonable de dinero en su cuenta de banco que le permita pagar sus costos de transporte, pago de vivienda y utilidades.

      5. Proteger a las personas retiradas, y sus ingresos de pensiones de retiro.

      6. Actualizar automáticamente cualquier protección tomando en cuenta el aumento en el costo de vida.

      7. Evitar la evasión de las leyes de protección al consumidor como puede ser la entrega de mobiliario para garantizar deudas.

El informe categoriza a las distintas jurisdicciones en cinco categorías de mejor a peor "A, B, C, D, F". Puerto Rico está colocado en la categoría F. Sin embargo, es justo reconocer que cuando se analizó a Puerto Rico no existía aún la nueva ley de hogar seguro absoluto. Tan solo unos catorce estados federales tienen una legislación similar a Puerto Rico. Definitivamente Puerto Rico está rezagado en lo que respecta a la protección de ingresos y cuentas de bancos. La protección de autos es una gran incógnita, aún necesitamos unas interpretaciones judiciales más claras cuando se interpreta nuestra legislación puertorriqueña. Tenemos que legislar para proteger los ingresos de personas retiradas de forma similar a como se protegen los ingresos del seguro social. Es necesario proteger los autos, de la práctica que va en aumento, de garantizar préstamos depredadores con los títulos de los automóviles.

Proteger un mínimo de propiedad no sujeta a embargo o ejecución de sentencia tiene rango constitucional en Puerto Rico. La legislación que esperamos de parte de nuestra asamblea legislativa tiene que proscribir cualquier pacto en contrario que pretenda que un consumidor pueda renunciar sus derechos, excepto en casos específicos como las hipotecas y ventas condicionales para préstamos de autos, muebles y enseres del hogar y equipo de negocio. El NCLC tiene un proyecto modelo de legislación que consideramos muy importante.

Como nos sugiere el informe del NCLC, actualizar las leyes sobre exención de propiedad no sujeta a embargos o ejecuciones de sentencia facilita proteger nuestra fuerza trabajadora y la unidad familiar, y reduce la dependencia y la demanda de más servicios sociales. Es evidente la ausencia de nuestro Departamento de Servicios al Consumidor en lo que respecta a la protección contra embargos y ejecuciones a lo largo de la historia de este departamento.