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En el décimo aniversario de la reforma de la ley de quiebra

Publicado 10/10/15
Por JL Acevedo Colón
El 15 de octubre de 2015 se cumplen 10 años de la ley conocida como Ley de Prevención de Abuso de Quiebra y Protección al Consumidor (“Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act” o “BAPCPA”). Desde los tiempos antiguos siempre se consideró por las clases dominantes o acreedores qué hacer con los deudores que no pagaban sus deudas. La muerte, tortura, prisión, y el embargo de propiedad de un deudor, fueron métodos comúnmente utilizados que no necesariamente permitían cobrar una deuda.  La insolvencia de un deudor era de por sí considerada como algo irregular o fraudulento.  La experiencia demostraba que estos métodos traían otros problemas sociales aun cuando se tratara de un deudor honesto y responsable. Los acreedores no siempre eran responsables en la extensión de crédito y, en la necesidad de asegurarse algún tipo de garantía de pago. 
 
Un análisis histórico sobre legislación de quiebra podemos encontrarlo en The Early History of Bankruptcy Law, Author(s): Louis Edward Levinthal, Source: University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 66, No. 5/6,(Apr., 1918), pp. 223-250,Published by: The University of Pennsylvania Law Review, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3314078. En las primeras etapas de la edad media en Europa aún se mantienen sistemas punitivos contra la persona del deudor. En lo que respecta a los antecedentes históricos de la ley de quiebra de Estados Unidos, véase:  3 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 5 (1995), History of the Bankruptcy Laws in the United States, The; Tabb, Charles Jordan. Es una ley que tiene su origen en la legislación inglesa de 1542. La falta de pago de un deudor se consideraba una actuación cuasi criminal. El propósito era ayudar a los acreedores. Por unos trescientos años solo los comerciantes podían estar en quiebra, de forma involuntaria. Los acreedores peticionaban a la autoridad legal el nombramiento de un oficial para encarcelar, incautar, citar, investigar, inventariar, valorar, liquidar y distribuir los bienes de un deudor generalmente a prorrata. Es la ley que estaba en vigor cuando ocurrió la revolución en Estados Unidos. El estatuto en vigor en Inglaterra cuando ocurre la ratificación de la constitución federal de Estados Unidos en 1800 era una legislación de 1732. Ese estatuto inglés fue la base de la legislación federal. 
 
Durante la época colonial de Estados Unidos eran los estados y territorios, en base a los artículos de la confederación, los que adoptaron medidas para atender los problemas de quiebra y desarrollaron el concepto insolvencia para referirse a los casos de deudores no comerciantes. Ese era el estado de legislación sobre quiebra a mediados del siglo 18 y hasta que se ratifica la constitución federal en 1800 disponiendo para la creación de una ley uniforme de quiebra federal. Un primer intento de legislación de quiebra federal ocurre entre 1800 a 1803, luego de 1841 al 1843 y de 1867 a 1878. No es hasta 1898 cuando se produce legislación federal, ininterrumpida hasta nuestros días. La práctica de utilizar la prisión como método coercitivo para el pago de obligaciones fue abolida en 1833 siguiendo el patrón que estaban estableciendo los estados. Personalidades importantes en la política como Robert Morris estuvo preso tres años por deudas. El juez asociado del tribunal supremo federal James Wilson tuvo que volar a Pensylvania para evitar ser arrestado por deudas. El remedio de relevo de deudas en quiebra (“discharge”) no existía aún. Pero los estados, en ausencia de legislación federal, fueron disponiendo moratorias. La legislación de 1841 permitió la quiebra voluntaria, no se limitó  a los comerciantes pero excluía las corporaciones. Incorporó el relevo de deudas pero dependía del consentimiento de los acreedores. Dispuso sobre propiedad que un deudor puede retener y no puede ser objeto de embargo o incautación (propiedad exenta) pero eliminó la oportunidad de utilizar leyes sobre propiedad exenta de los estados. Las peticiones de quiebra se tramitarían en las cortes de distrito federal. Se le considera la primera legislación federal de quiebra autóctona.
 
Un tercer intento de legislación federal en 1867 permitió la quiebra voluntaria e incluyó también a las corporaciones. Un deudor en quiebra tenía que jurar fidelidad a los Estados Unidos de América. Ahora cualquier persona, natural o jurídica, podía estar en quiebra voluntaria o involuntaria. Los tribunales de distrito federal tendrían jurisdicción original. Para obtener un relevo se exigía que el deudor hubiese pagado al menos 50% de sus deudas. Permitió utilizar las leyes de propiedad exenta de los estados. No es hasta 1898 que hay legislación permanente de quiebra federal hasta el presente, no obstante la ratificación de la constitución federal en 1800 disponiendo para la creación  de una ley uniforme de quiebra.
 
La ley de quiebra de 1898 estuvo operando por unos 80 años hasta 1978 con enmiendas. Mejoró el concepto de relevo y propiedad exenta, y facilitó la radicación de  quiebra por individuos y corporaciones tanto voluntaria como involuntaria. La depresión de 1929 permitió un ambiente más favorable para los deudores, seguido por la política del nuevo trato de la administración del presidente F.D. Roosevelt. En 1938 se crean los capítulos 10 y 11 para reorganizaciones corporativas, un capítulo 12 sobre propiedades inmuebles, y un capítulo 13 para proveer un arreglo de plan de pago a los asalariados. Por los próximos 40 años no hubo enmiendas significativas hasta la reforma de la ley de quiebra de 1978. En 1970 se permitió que el relevo de quiebra fuera efectivo sin necesidad de ser invocado como defensa afirmativa frente a una reclamación de un acreedor. En 1973 entraron en vigor reglas de procedimiento de quiebra. La reforma de 1978 integró los capítulos 10 y 11 de reorganización de las corporaciones y entidades jurídicas que permite que el deudor continúe en posesión de sus bienes durante un periodo para que presente su propio plan de reorganización. Se designa un síndico en caso de ser necesario. Se dispuso de un super relevo en casos de planes de pago (capítulo 13) que no fue efectivo. La esperanza era que los acreedores recibieran más dinero por medio del plan de pago y los deudores ciertos beneficios en cuanto al crédito luego de quiebra. Se dispuso de un examen de ingreso disponible y se proveyó para la desestimación del caso de quiebra si se entendía que estaba ocurriendo un abuso de quiebra. En 1986 se crea el programa de síndicos con el propósito de que los jueces de quiebra estuvieran dedicados a su función judicial exclusivamente. Se enumeraron las deudas no sujetas al relevo. Se creó un capítulo 12 para agricultores de forma provisional que eventualmente se convirtió en un capítulo permanente. Se proveyó ciertos beneficios a los arrendadores en locales de los centros comerciales. Luego de 1986 se crearon disposiciones para pequeños comerciantes dentro del capítulo 11.
 
La reforma de la ley de quiebra de 2005 es la mas reciente legislación federal sobre quiebra. El título de la ley es Ley de Prevención de Abuso de Quiebra y Protección al Consumidor. Pretende prevenir, o corregir, lo que se estimaba un abuso de la ley, y está dirigida a la necesidad de estimular un mejor recaudo en los casos de quiebra para los acreedores. La protección no se refiere a los deudores sino a la comunidad en general que debe ser protegida de los “abusos” de los casos de quiebra. Nunca hubo un estudio empírico que demostrara la existencia de un abuso, pero incrementa la fiscalización de las finanzas del deudor mediante un examen de medios económicos y, la participación del deudor en una orientación antes y después de radicar un caso de quiebra. Por lo demás la reforma de la ley de quiebra no trajo cambios significativos y es la misma ley que existía pre reforma. El examen envuelve criterios sobre lo que se estima gastos razonables para un hogar de acuerdo a sus ingresos, el número de miembros en el hogar, y el lugar de residencia, tomando en cuenta la media de ingresos en el estado o territorio del deudor. La media de ingresos hace referencia a la mitad de la población de un estado o territorio que tiene mas ingresos versus la otra mitad que tiene menos ingresos, el punto medio, utilizando como base los seis meses pre quiebra. Si el deudor tiene ingresos por debajo de la media está excusado del examen de medios. La media de ingresos para Puerto Rico es la más baja de cualquier otro estado o territorio. Si el deudor supera la media de ingresos se le aplican deducciones de gastos conforme a su estado o territorio y el examen puede indicar cuanto tendría que pagar a sus acreedores. En muchos casos, al aplicarse las deducciones al ingreso el examen indica que no tiene capacidad de pagar de todas formas resultando en una pérdida de tiempo y aumentando los gastos de servicios legales al deudor.
 
La participación del deudor en una orientación antes y después de radicar quiebra por una entidad independiente certificada, pagadas por el deudor, son necesarias para poder radicar quiebra y obtener el relevo de deudas. Si como resultado de la orientación pre quiebra se demuestra que el deudor tiene la capacidad de pagar, la entidad independiente le prepara un plan de pago y, el deudor, que no tiene asistencia legal en esta etapa ante la entidad independiente, tiene que proveer al tribunal de quiebra el plan que le propuso la entidad independiente. La realidad es que nunca se ha detectado, ni antes ni después de esta reforma, que existiera un abuso del recurso legal de quiebra. Mas bien ocurren algunos casos aislados donde el deudor radica un capítulo 7 cuando debió hacer un plan de pago capítulo 13. Casos de naturaleza criminal por fraude apenas ocurren en el universo de casos de quiebra. Siempre ha sido así. Como resultado de la reforma de la ley de quiebra de 2005 aumentaron los aranceles de radicación y se duplicaron los honorarios de abogado en los planes de pago en quiebra. Muchos de estos planes fracasan. La conceptualización histórica de considerar un deudor como un delincuente estuvo presente en el proceso de elaboración de la reforma de quiebra en el año 2005 que fue producto de una corriente política conservadora y un aumento significativo en las radicaciones de casos de quiebra que la reforma logró frenar. El volumen de radicaciones de casos de quiebra se mantiene en niveles muy bajos en Estados Unidos y Puerto Rico a pesar de la crisis de ingreso en muchísimo hogares durante estos últimos años. Se ha estimado en cientos de miles de casos que se han dejado de radicar de no haber sido por la reforma de 2005.