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Campañas Políticas y Libertad de Expresión de las Corporaciones

Publicado 20/04/14
Por JL Acevedo Colón
El tribunal supremo federal de Estados Unidos recientemente declaró inconstitucional la legislación que imponía un tope a las aportaciones que hacen las corporaciones y asociaciones privadas a los candidatos y partidos políticos, bajo el razonamiento de que la libertad de expresión aplica por igual a estas entidades tanto como a los individuos. La decisión ha sido muy criticada por grupos pro ambiente, pro votantes, sectores sindicales y grupos que promueven reformas en el gobierno hacia una mejor y mas efectiva participación de los electores. Es el caso McCutcheon v. Federal Election Commission, 572U.S.___(2014).
 
Este caso es la continuación de otro muy importante en cuanto a la interpretación de la libertad de expresión y las campañas políticas, Citizens United v. Federal Election Commission, resuelto en el año 2010. Ambas han sido decisiones divididas 5 a 4. La libertad de expresión, según la opinión de la mayoría, prohíbe al gobierno restringir el uso de dinero de estas entidades. La decisión permite que el gobierno pueda regular la contribución directa que hacen entidades privadas a los partidos y candidatos, que se mantiene dentro de ciertos límites. Pero pueden aportar sin límites a los candidatos y otras entidades y grupos de acción política. Una entidad privada puede aportar todo el dinero que quiera a una causa promovida por otra entidad privada como son grupos de cabilderos o los conocidos comités de acción política. La aportación directa a cada uno de los candidatos y partidos puede ser limitada dentro de ciertos límites que establece la Comisión Federal Electoral, que es ajustada por el costo de vida en ciclos electorales. O sea, no hay limitaciones en cuanto a cuanto puede gastar una entidad privada bajo estos criterios. Es un mercado abierto de ideas que la legislación no puede restringir según la mayoría.
 
La opinión minoritaria en ambos casos plantea el reto que se crea a la integridad del sistema electoral en el que tradicionalmente se ha reconocido, bajo el derecho de libertad de expresión, al poder legislativo, la necesidad de imponer límites a la influencia que resulta del uso indiscriminado de dinero y, como medida para prevenir corrupción. Plantea también que el gasto sin límite por parte de las corporaciones genera más influencia que la aportación directa a candidatos. Tanto candidatos a representantes como senadores enfrentarán campañas masivas que no podrán contrarrestar obteniendo las corporaciones una gran ventaja. La elección de jueces también se verá afectada, en aquellos lugares donde se eligen jueces por elección popular. La opinión minoritaria también expresa la necesidad de que una elección no tenga la apariencia de corrupción, lo que motiva a la abstención a participar. 
 
Una corporación, según la opinión minoritaria, tiene vida a perpetuidad, puede amasar enorme cantidad de dinero, su responsabilidad es limitada, no está capacitada para votar, no tiene criterios morales, no tiene otro proposito que ganar dinero y lucrarse, y no tiene ninguna lealtad. Las cortes deben permitir a las legislaturas reglamentar la participación de las corporaciones en los procesos políticos. A estas entidades legales no se refiere la constitución federal cuando expresa “Nosotros el Pueblo” para quien la constitución fue establecida. No deben recibir el mismo trato que los individuos bajo el derecho a la libertad de expresión que la primera enmienda de la constitución reconoce a los individuos. El uso de dinero por las corporaciones en las campañas políticas debe ser visto como parte de una transacción comercial designada por los oficiales de la corporación con ningún otro proposito que generar ganancia. El resultado es la influencia de dinero en las campañas políticas que muy pocos individuos podrán igualar, distorsionando el debate público de ideas de forma desproporcionada. 
 
La opinión minoritaria critica también no tomar en cuenta que la decisión de invertir en una campaña política, en el caso de las corporaciones, es tomada por los directores y la alta gerencia de la empresa. No toma en cuenta si los accionistas están o no de acuerdo. Los pleitos por parte de los accionistas son muy escasos, en parte por los enormes costos y, el tiempo que toma la litigación hace el resultado académico. No puede interpretarse que los accionistas favorecen la posición de la empresa en cuanto al uso de fondos en la campaña. Muchos de estos accionistas son planes de pensiones y fondos mutuos.  
 
El efecto de las decisiones federales en el caso de Puerto Rico
 
Se ha restringido el radio de acción de la legislatura para experimentar métodos dirigidos a evitar corrupción. Así lo expresa la opinión minoritaria. La libertad de expresión es un derecho fundamental y por tanto aplica a Puerto Rico “ex propio vigore” como a un estado federal aún cuando pertenecemos pero no somos parte del sistema político federal. Estamos excluidos del Senado federal, tenemos un “comisionado residente” en la Cámara de Representantes federal, no participamos en la elección del presidente ni los jueces federales, excepto en algunas instancias de forma muy limitada.
 
La decisión permite la introducción, en las campañas políticas en Puerto Rico, de dinero corporativo sin límite de cantidad. La legislatura de Puerto Rico podrá limitar la cantidad de dinero que recibirá un candidato o un partido de una empresa o un individuo. Pero la empresa no tiene límite de gastos fuera de esta limitación. Digamos que la empresa puede aportar $100 a un candidato como máximo por ley pero puede aportar a todos los candidatos que quiera dentro de ese límite y gastar todo el dinero que quiera. Lo mismo en cuanto a partidos. Puede además aportar todo lo que quiera a grupos de acción política dirigidos a apoyar candidatos, ideas o partidos. 
 
Los partidos nuevos y minoritarios se les hará muy difícil financiar sus campañas políticas en la medida que los fondos públicos no estén disponibles para ellos. Otros factores pueden predecirse en cuanto a la participación de los electores. En la medida que el proceso pierda confiabilidad algunos votantes se autoexcluirán. La distorsión y los mensajes negativos pueden terminar afectando aún más el debate serio de ideas. Las corporaciones y grupos de acción políitica han obtenido una importante victoria frente a los votantes, de suerte que la legislación que se produzca responda a sus intereses particulares como ha estado sucediendo.