Cerca la decisión sobre la exclusión de PR del capítulo 9 de quiebra

Publicado 07/06/16
Por JL Acevedo Colón
Recuerdo cuando hace ya unos dos años me preguntó por teléfono una periodista si yo podía ofrecer algún comentario referente a la Ley de Quiebra Criolla y su litigación en la corte federal. Ella pretendía que yo ofreciera algún comentario sobre la probabilidad de que la legislación criolla pudiera sobrevivir el escrutinio de la corte federal, sobre qué es el capítulo 9 del código de quiebra, y cualquier otro comentario que pudiera ser de interés y ayudara a entender la legislación aprobada por el gobierno de Puerto Rico. El capítulo 9 de quiebra es legislación federal dirigida a la reorganización y reestructuración de deuda por parte de municipios o instrumentalidades públicas en problemas económicos y PR fue excluido, como por arte de magia, de utilizar esa legislación en 1984.
 
No tenía yo entonces un comentario razonado y pensado y le sugerí a la periodista varias otras personas que podrían arrojar luz a la controversia pública en ese momento. Nunca en muchos años de práctica de quiebra representando deudores tuve la necesidad de conocer sobre el capítulo 9 y por qué PR fue excluido en 1984. Muchos abogados que practicamos quiebra desconocemos sobre ese capítulo. Aún tengo muchas dudas sobre el funcionamiento del capítulo 9. Que yo sepa nunca en PR si hizo uso de esa parte del código de quiebra aún antes de ser excluido. La necesidad de contar con el capítulo 9 del código no fue objeto de discusión, al menos de forma pública, por personas en posición del liderato político en Puerto Rico en todos esos años desde 1984.
 
El tema de la exclusión de Puerto Rico del capítulo 9 del código de quiebra sigue vigente pendiente de consideración por el tribunal supremo federal en estos momentos. Recientemente estuve en una conferencia muy interesante ofrecida por el juez de quiebra Gerardo Carlo y nos llama la atención algunas de sus observaciones a las que nos vamos a estar refiriendo. Se trató de crear, por el gobierno de Puerto Rico, una estructura legal que obligue a negociar de forma ordenada un reajuste de deudas para algunas agencias públicas en problemas económicos. Ofrece la alternativa de reestructuración de la deuda de forma voluntaria si consienten un número determinado de una misma clase de acreedores, al menos 50%  que tengan al menos 75% de participación de la deuda. Si no se obtiene ese consenso se puede requerir la participación judicial y puede verse obligada una clase de acreedores si hay mayoría de acreedores y participación de la deuda.
 
Sabemos que la corte de distrito federal de Puerto Rico resolvió (Juez Besosa), sin vista, expedir un interdicto permanente contra el gobierno de Puerto Rico prohibiendo utilizar el mecanismo de quiebra criolla. La determinación está basada en que el campo está ocupado por legislación federal. Campo ocupado hace referencia a que la legislación federal rige y tiene supremacía sobre cualquier legislación de un estado. El gobierno de PR había planteado como defensa que, al no haber un historial legislativo claro sobre la exclusión de PR del capítulo 9, no quedó establecido que el campo estuviera ocupado. En revisión por la corte de apelaciones federal se determinó que efectivamente el campo estaba ocupado y no procedía que PR pudiera legislar.  
 
Pero el juez puertorriqueño Torruella, que participó de la decisión de ese tribunal, opinó que la exclusión de PR es inconstitucional debido a que la constitución federal estableció, desde el año 1800, que habrá un sistema uniforme de quiebra. O sea, PR puede utilizar el capítulo 9 por que su exclusión es inconstitucional, según Torruella. Hay consenso de los jueces federales, que PR no puede legislar. La controversia  está sometida ahora en el tribunal supremo federal que se espera que este verano tome alguna acción al respecto, incluyendo la devolución del caso al juez de distrito Besosa para que de oportunidad de vista a las partes y decida en cuanto a la constitucionalidad de la exclusión de PR del capítulo 9. Si la exclusión es inconstitucional PR tiene acceso al capítulo 9. El argumento de inconstitucionalidad del capítulo 9 requiere remover otra vez los casos insulares de hace cerca de 100 años de historia jurídica federal en PR, ¿se violan derechos constitucionales fundamentales al debido procedimiento de ley de los puertorriqueños esa exclusión del capítulo 9? Los casos insulares dejaron establecido que el congreso tiene que mostrar una base racional para tal tratamiento distinto y discriminatorio, es parte del argumento de los que sostienen la causa de PR. Si puede PR utilizar el capítulo 9 corresponderá a la corte de quiebra en PR asumir jurisdicción sobre la reestructuración de la deuda de las corporaciones públicas que el gobierno de PR decida someter a la jurisdicción de este tribunal. 
 
Mientras tanto la candidata a comisionada residente del PNP Jennifer González está en contra de ambas cosas, la Junta de Control Fiscal y la inclusión de PR en el capítulo 9. Si se está en favor de la igualdad lo lógico es pensar que ella, interesada como está en convertir a PR en un estado federado, esté inequívocamente a favor de la inclusión de PR en el capítulo 9 de quiebra, excepto que hayan razones muy poderosas tirando la cuerda. Los fondos buitres no interesan ningún tipo de legislación que pueda facilitar una reestructuración de la deuda.  Estos fondos nunca perdonaron la reestructuración que alcanzó el gobierno argentino con una parte considerable de los acreedores. Estos fondos buitres depredadores adquieren deuda a precio de descuentos considerables en medio del miedo y la desolación y van por la presa, y nosotros, el pueblo de PR, somos la presa.
 
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