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Apuntes sobre el impacto de la quiebra de los sistemas de retiro en Puerto Rico

Publicado 05/09/10
Por JL Acevedo Colón

En unos 8 años los sistemas de retiro de Puerto Rico no tendrían los fondos necesarios para cumplir con los compromisos de pago de pensiones y beneficios según una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo bajo la firma de Ely Acevedo Denis.

Problema de malas inversiones, aumento en la cantidad de préstamos, ausencia de pago de remesas y alta morosidad de las agencias y corporaciones públicas, aumento de beneficios legislados y desproporcionados sin los estudios actuariales correspondientes, los efectos de la Ley 7, son algunos de los detonantes que pueden hacer estallar los sistemas más pronto de lo que se había considerado. Las soluciones propuestas hasta ahora no son soluciones de fondo sino reformas sin efectos prácticos tales como reducir o eliminar beneficios, aumento en las aportaciones patronales, y una fusión de la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (ASR) y el Sistema de Retiro de Maestros (SRM).

Por lo pronto la sugerencia de una fusión ha sido descartada por la Asamblea Legislativa ya que no se demuestra que produzca los resultados que la administración del Gobernador Fortuóo estimó. Reducir beneficios cuenta con la sólida oposición de las organizaciones magisteriales y de la Asociación de Pensionados. Se trata en muchos casos de pensiones de supervivencia. En el caso de los maestros y otros ex servidores públicos, éstos no tienen los beneficios de seguro social y están expuestos a altos costos de servicios de salud.

Un aumento en la aportación patronal de las agencias desangraría aún más el presupuesto de las agencias públicas y envuelve más erogación de fondos públicos que salen principalmente de las contribuciones de los contribuyentes asalariados. El problema es grave si consideramos que muchos municipios, agencias y corporaciones públicas utilizan los fondos retenidos a sus empleados, así como las aportaciones patronales, para sus gastos operacionales. El no pago de las retenciones a sus empleados es conducta criminal (apropiación ilegal por parte de una entidad fiduciaria) pero se ha convertido en uso y costumbre. Al 30 de junio de 2010 la cuenta por cobrar de la ASR es de unos $254 millones. Cerca de 68% de los municipios y 39 agencias públicas están endeudadas. El caso de ASEM es de particular importancia, con una deuda de unos $62 millones.

De todas formas, aún en ausencia de morosidad o falta de pago, la aportación que recibirían los sistemas de retiro es escaza comparable con sus obligaciones y hay un déficit actuarial que se acumula de forma constante. Por cada dólar en obligación, la ASR cuenta con 10 centavos, el SRM 25 centavos y la Judicatura 16 centavos. Una reforma en el año 2000 convirtió las aportaciones a la ASR en una cuenta de ahorro tipo IRA para los empleados que entraron al sistema luego de esa reforma. Se eliminó así el sistema de pensión el cual funcionaba como una póliza de retiro con beneficios definidos. Esto retrasó el colapso de los sistemas a cuenta de los empleados.

La Ley 7 ha significado un aumento inesperado de gastos a la ASR. La política de despidos de la administración Fortuño ocasionó que aumentaran las obligaciones de la ASR reduciendo las aportaciones de los empleados despedidos. Muchos de los despedidos retiran los fondos que tienen acumulados en el sistema o se acogen a sus beneficios y suspenden sus aportaciones. Las entidades públicas en las que trabajaban también suspenden las aportaciones de los empleados despedidos. Es un daño perpetuo al sistema. Pero peor aún si se toma en consideración que muchos de los despedidos no cuentan con un ingreso luego de la cesantía y se las van a ver difícil ahora y cuando lleguen a la edad del retiro. La Ley 7 aumentó el desembolso que ASR tiene que pagar reduciendo sus ingresos. La ASR no sabe todavía la cantidad de cesanteados a los que tendrá que devolverle la aportaciones.

La ASR utilizó la firma de corretaje UBS Financial Services para una emisión de bonos por $2,900 millones en 2008. Los consultores de UBS cobraron por recomendar inversiones de alto riesgo que otra división de UBS manejó. Por la asesoría UBS cobró $288,000 pero se ganó (según Bloonberg) 27 millones por la parte que mercadeó entre sus clientes. ASR quedó con una cartera perdidosa y un déficit más grande. Los participantes que entraron al sistema luego de la reforma del año 2000 han sufrido pérdidas por la caída de valor de las inversiones. El doble rol de asesor y casa de corretaje los coloca en un conflicto de intereses cuestionado por la Asamblea Legislativa, pero no se ha hecho nada al respecto. Una nueva firma de consultores ha sido contratada. Con la emisión de bonos en el 2008 la ASR enmendó sus reglamentos para aumentar el margen prestatario a sus participantes. Muchos préstamos han quedado en atrasos.

Desde el año 2007 se aumentaron las pensiones mínimas de $300 a $400 mensuales, y en 3% las pensiones menores de $1,250 mensuales y se dispuso de bonos de navidad y de verano. También se aumentaron en las últimas décadas aumentos desproporcionados para los legisladores y alcaldes por el simple hecho de haber servido durante dos cuatrienios. Los jueces del Supremo retienen sus salarios, y los aumentos que procedan al retirarse, beneficios que se extienden a sus viudos o viudas cuando mueren. A esto se le suma malas decisiones o errores administrativos que la ASR ha tenido que sufragar. 

Uno de los problemas que intenta resolver la ley de quiebra es la falta de ingresos que ocurre por diversas razones ya sea desempleo, accidentes y problemas de salud, divorcios, ausencia de educación financiera, etc. Ya no se tienen los mismos ingresos que en el pasado. La población envejeciente tiene la dificultad de que ya no puede generar los mismos ingresos de antes por que su capacidad productiva no es la misma. Depende de haber aportado a un sistema de retiro o de seguridad social donde ha prevalecido una política pública de sobrevivencia. Muchos recipientes de los sistemas de retiro o seguro social solo reciben una escaza pensión que apenas alcanza para su diario vivir. La quiebra del sistema de retiro en Puerto Rico ¿implicará que el gobierno tendrá que dedicar más recursos a la demanda de servicios de la población? ¿como? ¿Habrá que reducir el gasto en educación, en seguridad pública, en proyectos de infraestructura? Si todo se viene abajo nuestro país estará en sindicatura, en quiebra, en la necesidad de repagar su gran deuda nacional con los bonistas privados a quienes se les ha dado como garantía el crédito de nuestras finanzas como país, agravada por la deuda de los sistemas de retiro.

Nuestro país es dirigido bajo principios de contabilidad de empresas y no de gobierno. La política de recortes en el sector público de la presente administración ha deteriorado la capacidad del Gobierno para provocar un aumento en la demanda agregada, que a su vez, propicie un incremento en consumo, inversión y empleo. El sector público está inamovible y el sector privado no responde por que siempre lo ha motivado la especulación, nos dice el economista Juan Herrero. (Simultáneamente se estima que la pérdida de los puertorriqueños por causa de la burbuja inmobiliaria es de unos $27,000 millones y no da muestra de haber tocado fondo según el Centro Para la Nueva Economía).

Si el Sr. Herrero está en lo correcto estamos en el umbral de la insolvencia económica y los sistemas de retiro y todo nuestro país pronto estará en sindicatura, en quiebra.